El gobierno de Kast impulsa una agenda ideológica dogmática para asfixiar financieramente al Estado y anular su rol en la economía. Con la excusa de la austeridad fiscal, desprotegen a la ciudadanía frente a la crisis global, encarecen brutalmente el costo de vida y preparan un perdonazo tributario exclusivo para el sector más acaudalado. Estas medidas castigan directamente el bolsillo popular, destruyen la capacidad de crecimiento del país y amenazan con borrar décadas de conquistas sociales alcanzadas desde el retorno a la democracia.
Equipo ICAL
A un mes de asumir el gobierno del presidente Kast, la Red de Centros de Pensamiento Progresistas de Chile —con la participación activa del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL)— presenta un balance preliminar de la política económica oficial. El análisis constata la ausencia total de una estrategia de desarrollo. Su único objetivo radica en imponer un ajuste bajo la excusa de terminar con una supuesta crisis fiscal heredada. Para lograrlo, imponen un recorte del 3% en todos los ministerios y descargan el peso de las alzas internacionales del petróleo directamente sobre los consumidores y empresas.
El Ajuste Dogmático y la Asfixia del Gasto Público
El recorte del 3% ignora las urgencias reales en seguridad pública, salud y vivienda, revelando una profunda desconexión con las necesidades del país. Resulta insólito observar al ministro de Cultura aprobar la medida, considerando que su cartera representa apenas el 0,6% del erario nacional. Proteger la educación, la salud y el trabajo —áreas que concentran el 55% de los recursos— obliga a los demás ministerios a mutilar sus fondos en más de un 6% cada uno. El Banco Central advirtió que aplicar esta magnitud de recortes desatará presiones recesivas en un escenario internacional adverso. Ante el fracaso técnico, el ministro Quiroz admitió la imposibilidad de mantener dicha reducción. Ejecutarla exige desmantelar drásticamente la inversión pública y el gasto social.
El Choque Inflacionario y el Abandono del Pueblo
La guerra en Medio Oriente disparó el precio del barril de petróleo Brent sobre un 65%. Chile importa más del 80% de su crudo, recibiendo este impacto de lleno. Frente a la emergencia, el gobierno actuó contra el bienestar de la población al desechar 35 años de exitosas políticas de estabilización, liquidando la tradición protectora iniciada con el Fondo de 1991 y el actual MEPCO. Decidieron obligar a los chilenos a pagar íntegramente el nuevo precio internacional. Las familias sufren un golpe devastador en su poder adquisitivo, pues los combustibles pesan un 4,39% en el IPC. Pequeñas empresas, transportistas y panaderías enfrentan la asfixia productiva por sus estrechos márgenes de rentabilidad. La escalada de costos dispara la Unidad de Fomento sobre los $40 mil pesos, encareciendo la vida a razón de $13 diarios. La mayor inflación lleva al Banco Central a aumentar las tasas de interés, alejando el acceso a la vivienda y profundizando la recesión.
La Falsedad del “Estado Quebrado” y la Riqueza Oculta
Las autoridades justifican esta indefensión ciudadana argumentando una supuesta imposibilidad fiscal. Los datos oficiales desmienten categóricamente esta afirmación, pues el Fondo de Estabilización Económico Social (FEES) reporta US$3.944 millones disponibles a fines de febrero[cite: 52]. [cite_start]Resultaba económica y socialmente sensato recurrir a un endeudamiento público acotado, amparado en la excelente clasificación de riesgo del país[cite: 53]. [cite_start]El Ejecutivo oculta el millonario excedente del cobre, dado que el presupuesto fija la libra en US$4,38, pero Cochilco proyecta US$4,98 para este año[cite: 54]. [cite_start]Esta diferencia cuprífera asegura al Fisco entre US$2.400 y US$3.600 millones adicionales. Existen recursos más que suficientes para amortiguar el golpe internacional. La retórica del ministro Quiroz al declarar un “Estado quebrado” raya en la irresponsabilidad, dañando la imagen internacional de Chile y espantando las inversiones extranjeras.
Una Reforma para los Ricos: La Verdadera Agenda de Clase
El daño macroeconómico resulta innegable tras un mes de gestión. Las estimaciones de crecimiento cercanas al 3% sufrieron recortes por parte del Banco Central y analistas privados. El gobierno consolida un escenario de menor crecimiento, mayor inflación, desempleo y aumento de la pobreza. Mientras estrangulan el consumo popular, el oficialismo presiona por una reforma tributaria regresiva que busca rebajar el impuesto corporativo del 27% al 23% y reintegrar el sistema al 100%. Esta maniobra arrebata casi un 1% del PIB de los ingresos fiscales para transferirlo al 1% más rico de la población. Semejante saqueo obligará a recortar nuevamente áreas críticas que concentran más del 60% del gasto total, como educación, salud y pensiones.