El lunes 15 de junio, en el noticiario matinal de Radio Bío Bío, el periodista Néstor Aburto, director de Contenidos de la emisora, lanzó una verdadera “bomba informativa”. Según señaló, se trataba de antecedentes filtrados al Departamento de Investigación de la radio por una fuente no identificada, información que desde ese momento quedaba a disposición de auditores y lectores bajo el título: “Niños haitianos sin rastro en Chile: informe revela fallas graves y vuelos sospechosos autorizados”.
La bajada del reportaje denunciaba que la Contraloría General de la República habría detectado un ingreso masivo de ciudadanos haitianos junto a menores de edad bajo la figura de reunificación familiar, muchos de ellos en vuelos chárter autorizados durante el gobierno de Gabriel Boric. Asimismo, señalaba que los antecedentes expuestos abrían interrogantes sobre el paradero de estos niños y una eventual vulneración de sus derechos.
Según la investigación de Radio Bío Bío, documentos confidenciales a los que habría tenido acceso la unidad establecían que, durante 2025, cientos de menores ingresaron al país acompañados por adultos cuya relación de parentesco “no siempre fue verificada por las autoridades competentes”.
A continuación, la emisora afirmaba que “el paradero de decenas de niños haitianos es una incógnita total. Nadie sabe dónde están ni cómo están. Técnicamente, desaparecieron de la faz de la tierra en solo semanas desde su ingreso autorizado por entidades gubernamentales”.
Posteriormente, el reportaje aclaraba que, si bien los documentos revisados no contenían antecedentes que permitieran concluir la existencia de trata o tráfico de menores, sí describían un escenario de riesgo evidente. En ese contexto, sostenía que la hipótesis de redes de facilitación migratoria o incluso de tráfico de personas dejaba de ser marginal y justificaba una investigación penal urgente.
Una vez que la “bomba” explotó, la farándula política se apresuró a ocupar espacios en los medios para emitir declaraciones, expresar indignación y pronunciarse sobre el supuesto escándalo.
Desde el diputado Johannes Kaiser, quien no dudó en cuestionar a Michelle Bachelet y manifestó su esperanza de que “la nueva administración se haga cargo de esto”, hasta el senador Rodolfo Carter, quien sentenció que “no sabemos dónde están. Probablemente sean soldados del crimen organizado o estén siendo utilizados en el comercio sexual”. Carter incluso agregó que “ya veremos de quién es la culpa, y los colgaremos del palo mayor de la Esmeralda”.
Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que familiares y representantes de la comunidad haitiana aclararan que no habían recibido denuncias por la desaparición de ningún menor y que estaban realizando su propio catastro para esclarecer los hechos. Al mismo tiempo, manifestaron preocupación por el impacto que una investigación de la Fiscalía por posibles delitos de tráfico de personas, falsificación de documentos de identidad y de ingreso al país, así como eventuales casos de soborno y cohecho, pudiera tener sobre los mecanismos de reunificación familiar utilizados por la comunidad.
En esa misma línea, la trabajadora social y activista por los derechos migrantes Michel-Ange Joseph sostuvo que el plan de búsqueda impulsado por el gobierno de José Antonio Kast se había transformado rápidamente en una “persecución” contra los haitianos. “Todos los haitianos ahora estamos como sospechosos”, afirmó.
Así, la escandalera impulsada por el Departamento de Investigación de Radio Bío Bío comenzó a desinflarse. Más aún cuando el ministro de Defensa, Fernando Barros, aseguró que no existían antecedentes que permitieran hablar de tráfico de menores ni de niños “desaparecidos o perdidos”. Las declaraciones fueron realizadas en Radio Universo, donde además sostuvo que “no existen denuncias de padres que reporten no saber dónde están sus hijos”.
Pese a ello, y como ya parece habitual, surgieron contradicciones dentro del propio gobierno. Mientras Barros descartaba la existencia de menores desaparecidos, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, declaraba casi en paralelo en el programa Tu Día, de Canal 13, que “tenemos que ser muy responsables porque se trata de información sensible de menores de edad y existen investigaciones en curso. Nuestro foco hoy está puesto en la protección de los niños y en obtener certezas respecto de su situación”.
Con el paso de los días, las oportunidades para el aprovechamiento político comenzaron a disminuir. Los otrora altisonantes denunciantes, acusadores, demandantes y querellantes fueron bajando el tono, mientras los medios de comunicación desplazaban el tema hacia un segundo plano.
Todos, excepto la Radio Bío Bío y sus principales rostros periodísticos, quienes continúan insistiendo en la existencia de niños desaparecidos y de manejos turbios relacionados con su ingreso al país. Tomás Mosciatti, por ejemplo, ha enfatizado que son 18.000 los niños haitianos que han llegado a Chile y que el país tiene el derecho y el deber de conocer el paradero de cada uno de ellos. Y esto, pese a que el Gobierno confirma que fueron localizados los 64 niños haitianos que figuraban como inubicables en un preinforme de Contraloría y el director general de la PDI Eduardo Cerna, aseguró que todos los menores fueron contactados y se mantienen en buenas condiciones. Además, confirmó que están en una situación regular, y en su mayoría escolarizados.
Más allá de las responsabilidades que eventualmente deba asumir el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, por las negligencias y desórdenes ocurridos durante su administración, cabe preguntarse si no se está llevando demasiado lejos el argumento.
¿No será mucho “estirar el chicle”, señor Mosciatti? La Mentira y la Desinformación tiene límites.
Observatorio de Medios ICAL