El Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL) denuncia la verdadera naturaleza del informe institucional titulado “Paquete de Medidas Económicas Ley de Reconstrucción Nacional”, emitido el 16 de abril de 2026. El discurso presidencial relata un escenario optimista para reactivar el crecimiento y generar empleo, pero el documento advierte desde su inicio que el proyecto “presenta una tensión estructural entre lo que promete y lo que efectivamente propone”. La revisión estricta de la ley revela una realidad brutal: “las medidas se concentran en beneficiar al sector empresarial mediante incentivos a la inversión, generando una desalineación entre destinatarios y beneficiarios reales”. Esta ofensiva consolida una fractura profunda entre la retórica gubernamental y el despojo real que sufrirá la clase trabajadora.
El Desmantelamiento del Estado Social
El golpe a las políticas públicas queda al descubierto al examinar las cifras fiscales. Las medidas propuestas implican una renuncia inaceptable: el conjunto de rebajas tributarias genera “una reducción de ingresos fiscales del orden de US$ 4.393 millones anuales, lo que equivale aproximadamente a 1,2% del PIB”. El gobierno, junto con mutilar la recaudación tributaria, decreta un componente de consolidación fiscal que contempla un ajuste del gasto público del orden de US$ 3.800 millones.
El Estado abandona su rol protector. El Fisco asfixia su propia intervención y “configura un escenario en el cual el impulso fiscal total […] tiende a ser contractivo”. El informe recalca el peligro de esta operación matemática frente a la crisis: “el programa supone que la inversión privada compensará la caída de la demanda, lo que constituye un supuesto débil y poco respaldado por la evidencia”.
Una Transferencia Directa al Gran Capital
Las reformas benefician prioritariamente al capital corporativo. El mayor peso del costo fiscal se concentra en “instrumentos orientados a reducir la carga tributaria sobre el capital”. El plan transfiere la riqueza nacional en áreas precisas:
- Rebaja de impuestos al gran empresariado: “La disminución del impuesto de primera categoría desde un 27% a un 23% representa una merma estimada de US$ 1.858 millones”. Esta hemorragia fiscal entrega un cheque en blanco a los dueños de Chile con nulas garantías de reactivación productiva.
- Reintegración tributaria: Esta medida regresiva alcanza un costo de US$ 965 millones. El texto de ICAL confirma que “beneficia principalmente a los dueños de empresas al permitirles descontar íntegramente los impuestos pagados a nivel corporativo de sus obligaciones personales”.
- Subsidios sin derechos laborales: El llamado crédito tributario al empleo inyecta US$ 1.400 millones a las arcas empresariales. El análisis advierte severamente que el diseño “carece de mecanismos que aseguren la generación de nuevos puestos de trabajo, lo que sugiere que su impacto podría limitarse a reducir costos sin aumentar significativamente la contratación”.
- Perdonazos a los más ricos: Se condonan deudas tributarias, generando “incentivos a incumplimiento futuro (riesgo moral)”. Adicionalmente, el proyecto incluye la eliminación del impuesto a las ganancias de capital, un “beneficio concentrado en los inversionistas de altos ingresos”.
El Castigo a la Clase Trabajadora
El proyecto ignora el agobio diario del pueblo trabajador frente a la ausencia de medidas para contener el costo de la vida. El informe destaca que el alza de los combustibles tiene efectos transversales que encarecen bienes básicos. Ante la carencia de mecanismos de contención estatal, “una mayor proporción del ingreso de los hogares se destina a cubrir estos aumentos, reduciendo su capacidad de consumo”.
El consumo privado representa cerca del 60% del PIB, y su debilitamiento constituye un factor central en la desaceleración económica. Alcanzar la meta presidencial del 6,5% de desempleo resulta una quimera frente a un mercado laboral con desocupación en torno al 8,3%. El documento advierte que una eventual baja en las cifras ocurrirá mediante la explotación, pues el ajuste podría lograrse “a costa de mayor informalidad y precarización”.
La Ofensiva Neoliberal
El documento elaborado por ICAL constata una fractura insalvable entre el relato oficial y el impacto de la ley. La propuesta busca “transitar hacia un modelo de crecimiento liderado por la inversión privada, reduciendo el rol del Estado”. Al debilitar la recaudación y el gasto simultáneamente, se “debilita la capacidad del Estado para actuar de manera contracíclica, dejando a la economía más expuesta a fluctuaciones”. Esta legislación agudiza la vulnerabilidad frente a las crisis y “aumenta la probabilidad de una trayectoria de bajo dinamismo y mayor volatilidad”. El bienestar del pueblo queda hipotecado, asegurando en cambio la acumulación del gran empresariado.
Por Jean Flores Quintana
Observatorio de Medios – ICAL