Desafíos pendientes a un año de la Reforma Laboral: La visión de seis actores del mundo del trabajo

Publicado en Abr 12, 2018 - 5:56pm [557 lecturas] .

El Programa de la Nueva Mayoría no planteó una reforma laboral en el marco de sus prioridades programáticas. Sin embargo, la presión ejercida por las organizaciones sindicales, el impulso sostenido por la Central Unitaria de Trabajadores, así como el respaldo de algunos parlamentarios y partidos políticos, logró abrir el debate acerca de la necesidad de una reforma en el ámbito laboral, motivando incluso a la pequeña y mediana empresa. De esta forma, se fue ganando una correlación de fuerzas que terminó desembocando en un trabajo pre-legislativo con los diferentes actores del mundo laboral, fruto del cual fue el proyecto de Ley que Moderniza las Relaciones Laborales.

La Reforma Laboral de 2017 buscó modificar sustantivamente el “Plan Laboral”, el modelo que creó la dictadura para regir el mundo del trabajo, diseñado por José Piñera, e impuesto bajo condiciones de terrorismo de Estado entre los años 1979 y 1981. Se llegaría a este objetivo, fundamentalmente, a través del reforzamiento del actor sindical en un escenario marcadamente asimétrico. Sin embargo, el debate se vio cruzado por el lobby empresarial y la dispersión de parlamentarios de la propia coalición gobernante, que relativizaron aspectos tan sensibles como, el pleno derecho a huelga y la titularidad sindical, entre otros. Mención especial debe hacerse del rol del Tribunal Constitucional, echando por tierra las normas expresas relativas a la titularidad sindical y a la extensión automática de beneficios por afiliación sindical en un fallo que favoreció claramente al capital en desmedro de los trabajadores.

No obstante lo anterior, la ampliación de la negociación colectiva para un cierto número de trabajadores; la consagración de la negociación colectiva vinculante y con derechos para los sindicatos inter-empresa; la ampliación del derecho a información; la eliminación de la extensión unilateral de beneficios del empleador; la nueva figura de despido antisindical; la efectividad de la huelga eliminando formalmente el reemplazo, así como la conceptualización del piso en la negociación, son algunos de los aspectos -en el ámbito de los derechos colectivos- a destacar y valorar en tanto se encuentran en las antípodas del Plan Laboral de la dictadura.

Si hablamos de los derechos individuales -como las formas de contratación y los derechos relacionados con la estabilidad en el empleo- observamos que el modelo de la dictadura se ha profundizado desde los años noventa con nuevas formas de contratación precarizada, que permiten a las empresas y conglomerados distribuir entre sus múltiples razones sociales las utilidades y las obligaciones laborales, lo cual, a su vez, repercute en bajos salarios y desigualdad social. De este modo, el modelo laboral chileno, no ha podido avanzar definitivamente hacia una óptica de derechos fundamentales, como lo establecen los diversos convenios de la OIT y la ONU.

Si bien el relato que acompañó a la Reforma Laboral de 2017 durante su discusión e implementación, enfatizaba la necesidad de cumplir con los estándares internacionales, en los hechos, terminó sirviéndose de ellos para crear una versión adecuada a nuestro país, donde existe una fuerte colonización del empresariado sobre la esfera política e institucional.

En consecuencia, la propuesta sobre el respeto pleno al principio de libertad sindical,  que contempla el fin del reemplazo de trabajadores en huelga, por presión de sectores conservadores y el empresariado, derivó en el establecimiento de nuevas formas de limitar el derecho a huelga, como la institución de los servicios mínimos, es decir, la obligación para los trabajadores en huelga de proveer los equipos de emergencia necesarios para mantener cierto nivel de funcionamiento en la empresa, a fin de evitar daños a la propiedad, a la seguridad de las personas, daños al medio ambiente y para evitar la interrupción de servicios de utilidad pública.

El problema de los servicios mínimos, es que podrían significar un debilitamiento de la huelga como derecho y herramienta legal, debido a que el procedimiento que deben cumplir las organizaciones sindicales para ejercerla queda híper-regulado, se hace más largo y se añaden más requisitos. Y si bien, la institución de servicios mínimos existe en la mayor parte de las legislaciones laborales (distinguiendo la OIT entre mínimos, básicos y esenciales), son las partes en total libertad las que acuerdan estos servicios mínimos. En consecuencia, al forzar acuerdos directos -dado que en el mundo del trabajo el poder es asimétrico- la presión para aceptar las condiciones propuestas por el empleador recae esencialmente sobre los trabajadores. Así lo reflejan las negociaciones más recientes del sector minero, donde empresas y sindicatos tienden a negociar anticipadamente, es decir, sin utilizar la negociación colectiva reglada, con derecho a huelga.

Ahora bien, es razonable argumentar que el aumento de los acuerdos directos entre empresas y sindicatos puede ser demostrativo de una menor conflictividad laboral, lo que beneficia la productividad y estabilidad de las empresas. Sin embargo, el objetivo redistributivo de la negociación colectiva pierde enormemente, pues los reajustes que se logran son menores y las mejoras importantes no alcanzan a cubrir a todos los trabajadores de la cadena productiva, excluyendo a los trabajadores precarizados mediante contratos temporales y subcontratados. Si retomamos el caso del sector minero, cuando los trabajadores de la empresa matriz o principal deciden ceder parte de sus pretensiones para lograr un acuerdo anticipado, esto tiene una repercusión en un universo de trabajadores mucho mayor a los que están negociando, pues fija un indicador y un máximo al que pueden aspirar trabajadores contratistas por funciones homologables. Si los contratistas aspiran a más, no disponen en cambio de las mismas garantías como el derecho a huelga, pues la Reforma Laboral no impidió que la empresa principal contrate a otra empresa contratista en caso de huelga, cercenando el derecho y volviéndola ineficaz.

Si bien la institución de los servicios mínimos no es una creación de la Reforma Laboral, fue tomada de un contexto bastante diferente al que se aplicó. Las limitaciones al derecho a huelga que reconoce la OIT, apuntan a que los trabajadores de los servicios públicos y empresas estratégicas puedan ejercer este derecho, guardando también el interés público y el bien común. Pero en Chile, estos trabajadores no tienen reconocido el derecho a huelga, de modo que los servicios mínimos no se les aplican. El avance empresarial consistió entonces, en aplicar servicios mínimos en empresas no estratégicas del sector privado, como el sector bancario, el comercio, la industria alimentaria, la industria de la seguridad privada, el transporte de pasajeros y los sistemas privados de salud.

Con ciertas características de la Reforma Laboral, y previo a su implementación, no resultó tarea fácil para el gobierno defenderla ante los trabajadores como un avance significativo del derecho laboral, de modo que se centró en defenderla de la crítica del empresariado y las fuerzas de derecha, quienes sostuvieron sin una sólida argumentación, que la Reforma Laboral entregaba un excesivo poder a los sindicatos para paralizar las empresas y que ello repercutiría negativamente en el empleo, el crecimiento y la inversión. Así quedó circunscrito el debate en los medios de comunicación: por un lado el empresariado sosteniendo que la Reforma dañó ya ex ante el desempeño económico del país, y las fuerzas gubernamentales, junto con la CUT, sosteniendo que ello no es efectivo.

A fin de realizar una inmersión integral en el significado y consecuencias de la Reforma, a través del examen de su implementación en el período de un año, nuestro equipo estructuró una serie de entrevistas con aquellos que entendemos, son las voces representativas de los diferentes actores que intervienen en la agenda laboral.

Así, si analizamos los desafíos todavía pendientes tras la Reforma Laboral de 2017, seguimos encontrando que la precariedad laboral producida por la contratación temporal y la subcontratación, son el principal obstáculo para la organización y el incremento salarial. Al ser consultado, el subsecretario del Trabajo Francisco Díaz, nos comenta que la restitución de poder a los sindicatos es un requisito previo, o un primer paso, para revertir el curso de precarización del trabajo. De este modo, afirma, la Reforma Laboral se justifica también por las posibilidades que abre para las luchas futuras del movimiento sindical.

En el mismo tenor, el Director del Trabajo, Christian Melis, considera necesario discutir los beneficios que conserva una pequeña cantidad de trabajadores, como la indemnización por años de servicio, para abrir paso a un seguro de cesantía universal con sistema de reparto. Se eliminarían así, progresivamente, diferencias entre trabajadores.

Para la Presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, si bien la precariedad laboral es un tema importante en sí mismo, sus causas son estructurales, y se relacionan con la falta de reconocimiento constitucional a las organizaciones de trabajadores como actores sociales, lo que les impide participar del debate público más allá de lo que ocurre en las respectivas empresas o servicios, y es totalmente funcional a la elitización de los espacios de debate.

Según la académica de la Universidad Central y ex Directora del Trabajo, María Ester Feres, el desafío pendiente sigue siendo terminar con el Plan Laboral, pues la Reforma de 2017 encapsuló todavía más la negociación colectiva al interior de cada empresa, lo cual incrementa la desventaja del movimiento sindical frente al empresariado contemporáneo, que se organiza de manera transversal a los sectores económicos.

El Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, sostiene que la Reforma Laboral trae mayor paz social y acuerdo directo entre las partes, y anticipa que lo siguiente en el debate laboral se relaciona con la necesidad de crear un nuevo sistema de seguridad social, con énfasis en la seguridad y salud en el trabajo, que es un derecho hoy en día entregado a mutuales privadas.

El Presidente de la organización empresarial ASEXMA, Roberto Fantuzzi, no comparte la sobre-reacción del mundo empresarial frente a las reformas que impulsó el gobierno de la Presidenta Bachelet. Le parece que el nivel salarial de Chile es una debilidad de nuestra economía y un peligro para la paz social, que es lo más importante para el empresariado. Desde su punto de vista, los desafíos vigentes del mundo del trabajo tienen que ver, en primer lugar, con la falta de capacitación de los trabajadores, pues les impide acceder a mejores puestos de trabajo, y por otro lado, con el alto nivel de concentración económica, que hace perder en el mercado la capacidad de negociación entre partes.

A priori, observamos que las percepciones de los diversos actores del mundo del trabajo sobre la Reforma Laboral, parecen mucho más cercanas hoy, que durante los tres años de discusión legislativa. Coinciden en el sentido de que los principales desafíos para el derecho laboral siguen pendientes.  Por otro lado, la mayoría de ellos considera, que la llegada de un gobierno de derecha hace más difícil el avance en derechos laborales, o que incluso representará un retroceso.

En toda lucha social y política, quedan asuntos pendientes por los que seguir luchando, aunque desde unas mejores condiciones conquistadas. Es en este punto en el que podemos reflexionar acerca de si la agenda legislativa en materia laboral, impulsada en origen con criterio pro-trabajador por el gobierno de la Presidenta Bachelet, representa la base sobre la que se debe edificar la próxima agenda laboral y la consecuente necesidad de su defensa, siendo que, contando con avances importantes, aparentemente, no alcanzó cumplir con la totalidad de las expectativas generadas.

Leave A Response