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[OPINIÓN] Sename y un nuevo fraude de etiquetas

A dos años de que el Comité de Derechos del niño de la ONU evacuara un informe sobre la situación del SENAME, declarando que la violación de los derechos humanos de los niños que están a su cuidado “es sistemática y grave”, el gobierno de Sebastián Piñera sale celebrar la promulgación de la ley crea el “Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia” que reemplazara a aquella institución.

 

Como sugiere su nombre, este nuevo servicio vendría a satisfacer el viejo anhelo de contar con una institucionalidad especializada dedicada a diseñar, administrar y proveer servicios de protección, para restituir el ejercicio de los derechos vulnerados de niños y niñas, debido a abuso, abandono, maltrato, trata o explotación, y reparar las consecuencias de esa vulneración.

Sin embargo, debo advertir que en este grandilocuente anuncio hay un gran fraude, un grandísimo fraude.

 

En primer lugar, este cambio se realiza postergando y hasta obstruyendo la promulgación de una ley de garantías de derechos de la niñez, exigida por la Convención sobre los Derechos del Niño y por la sociedad civil en su conjunto y que viene a ser el marco de un sistema integral de protección de derechos. Desde el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, ese sistema ha ido surgiendo a través de importantes avances parciales, como la creación de la Subsecretaría de la Niñez; la Defensoría de la Niñez, ente autónomo de derechos humanos especializado en la materia; y la Política Nacional de la Niñez. Sin embargo, sigue faltando la ley que lo enmarque y oriente, porque la derecha se ha negado a impulsarla consistentemente.

 

En segundo lugar, este nuevo servicio mantiene la lógica de la subsidiariedad, férreamente consagrado en la ley 20.032, que impone un supuesto sistema de gestión indirecta del Estado que entrega una subvención a privados para la ejecución de la protección de los derechos de los niños y niñas vulnerados. Dicho de otro modo, el Estado le entrega subvenciones consistentes en transferencias de recursos a privados para que se hagan cargo de la función pública de proteger a niños y niñas, cuestión altamente discutida y denunciada como el germen de las deficiencias estructurales que generan las violaciones de derechos humanos, tal como lo describe el Comité de Derechos del Niño en el mencionado informe, donde declara que Chile viola los derechos humanos de los niños y niñas al mantener un modelo de financiamiento basado en la subsidiariedad y  un sistema de subvención que incentiva la internación prolongada.

 

Por último, al menos para esta columna, la instalación dentro del Servicio de la oferta programática destinada a niños y niñas de menos de 14 años, que hayan incurrido en conductas delictuales, definiéndolos como “los inimputables”, es una velada forma de profundizar en la criminalización de la infancia a través de programas que traten los peligros que acechan el orden establecido más que visibilizar, ante todo, la restitución de derechos vulnerados de origen. Esta incorporación programática es un perjuicio a la protección de les niñes que viola el artículo 19 de la Convención y sigue en la lógica del paradigma tutelar, escamoteando derechos fundamentales.

 

Es un claro fraude de etiquetas anunciar un nuevo servicio, cuando estamos en presencia en de un mero y simple cambio de nombre y no de una transformación estructural en la relación del Estado de Chile con los niños y las niñas. Para que sea un verdadero cambio, se debe mutar del paradigma tutelar al del enfoque de derechos en la nueva Constitución, reconociendo a les niñes como sujetos de derechos; instalar un sistema de garantías que garantice los derechos de todes los niños y niñas; desjudicializar a través de una institucionalidad que incluya la protección administrativa; y eliminar la subsidiariedad como modelo de implementación de los derechos sociales y económicos.

 

Patricio Camus Cáceres

Profesor de Historia y geografía

Comisión de Niñez del Partido Comunista

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