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Sobre la necesidad de una nueva Constitución y algunos aspectos del proceso constituyente

Las Constituciones son el texto jurídico que plasma el pacto que existe al interior de una sociedad política determinada para organizar y distribuir el poder, para establecer aquellos principios comunes y derechos fundamentales que todos debemos respetar y que se les encarga a los poderes públicos promover, desarrollar y proteger.

 

Así, las constituciones establecen los poderes del Estado (Gobierno, Congreso, Poder Judicial, entre otros) a quienes se les encarga proteger y promover el cumplimiento de los derechos fundamentales que establece, tales como: el derecho a la vida, la igualdad, la libertad, la educación, la salud, entre otros. De esta forma, resulta bastante lógico, que para que una sociedad considere que su Constitución es legítima, al menos debe sentirse reconocido y protegido por ella y, ojalá, haber participado en el proceso que le dio origen.

 

Por eso, muchos países han aprobado sus constituciones a través de un proceso amplio, participativo y democrático, es decir, mediante una Asamblea Constituyente. De las constituciones actualmente vigentes que fueron aprobadas por una Asamblea Constituyente tenemos las de países tan variados como: Dinamarca 1849; México 1917; Austria 1919; Italia 1946; Corea del Sur 1948; Portugal  1974; Colombia 1991; Estonia 1992; Venezuela 1999; Bolivia 2009; Ecuador 2008.

 

Todo lo anterior, no ocurre en nuestro caso y es, precisamente, por ello que en Chile no hay un pacto social y, por ende, la Constitución no recoge las aspiraciones de la inmensa mayoría de la población. En contraste, la actual Constitución tiene el pecado de origen de haber sido impuesta por la Dictadura Militar en 1980, siendo ilegítima desde su origen. Además, la Constitución consagra un modelo neoliberal que genera desigualdad e injusticia y establece un sistema institucional que no está a la altura de los desafíos democratizadores que enfrenta el país.

 

En ese sentido, la organización política y administrativa del país que proyecta la Constitución solo refleja la visión de aquellos redactores afines a la dictadura cívico militar que le dio origen, esto es una que neutraliza el poder popular, hiper presidencialista, mono cultural y centralista en lo territorial. Asimismo, es importante considerar que la Constitución neoliberal tiene como uno de sus pilares la consagración de un modelo de Estado subsidiario que impide que el Estado adopte un rol activo tanto en el desarrollo económico, como en la redistribución de la riqueza que posibilite que el desarrollo del país llegue a todas y todos los habitantes del territorio del país.

Además, la Constitución actual tiene una famélica consagración de derechos sociales, especialmente en materia de educación, salud, previsión social, sindicalización y huelga. Incluso, hay derechos sociales que no se reconocen en nuestro marco constitucional, tales como el derecho a la vivienda.

 

Como contracara la Constitución consagra y protege de forma amplia los derechos de propiedad, libertad económica y empresa, es decir, nuestra Constitución se preocupa, principalmente, de ser la guardiana de las libertades económicas, por sobre de los derechos sociales del pueblo. ¿Qué pasa si queremos hacer cambios en el sistema a través del Congreso o modificar la Constitución?

Los ideólogos de la Constitución de la Dictadura se aseguraron de que el Congreso pudiera modificar poco las reglas del juego. Para ello, establecieron altos quórums para poder modificar la Constitución en el Parlamento (2/3 o 3/5 dependiendo del capítulo de la Constitución) y las leyes que desarrollan, la Constitución que son las leyes orgánicas constitucionales, también poseen un quorum exageradamente alto: 4/7. Incluso en el caso de que el Congreso pueda llevar adelante reformas legales que permitan mayor justicia social, los ideólogos de la Constitución de la Dictadura le otorgaron al Tribunal Constitucional (TC) la facultad de declarar inconstitucionales proyectos de ley. Así, el TC ha declarado inconstitucional proyectos claves tales como: el que otorgaba mayor poder negociador a los sindicatos estableciendo la titularidad sindical o el que reformaba el SERNAC para otorgarles mayores poderes de fiscalización y sanción a las empresas que vulneraban los derechos de las personas.

 

Como podemos apreciar, para las transformaciones profundas que Chile quiere se requiere una Nueva Constitución y que esta sea realizada en un proceso que permita que el pueblo se apropie del mismo y considere que su resultado consagra efectivamente un pacto social. El actual proceso constituyente en curso cumple con los requisitos democráticos para considerar que su resultado podría generar un genuino pacto social en Chile.

 

Alberto Fuguet identifica con claridad lo que esta en juego acá, señalando que: “Una constitución, al final, es una narrativa y acá, más que nada, está en juego la autoría. Dicen que es hora de registrar, más que de crear, pero tengo mis dudas. Quizás una creación colectiva, en el caso de una asamblea constituyente, es más adecuado que las paranoias del reprimido autor de la Constitución del 80”.

 

Así, en presente documento revisaré, en primer lugar, los principales aspectos que ha sistematizado la doctrina constitucional chilena para señalar el por qué se requiere de una nueva constitución. En segundo lugar, daré cuenta de los puntos centrales del proceso constituyente que se vive en nuestro país y algunos aspectos que considero relevantes a la hora de caracterizar la ruptura constituyente chilena. Finalmente, el trabajo tendrá algunas conclusiones sobre el proceso constituyente que Chile ha comenzado a transitar y sus principales desafíos.

 

Por Jaime Gajardo Falcón

Doctor en Derecho y académico.

 

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