Columnas

Soberanía y democratización del Proceso Constituyente

La movilización en desarrollo a partir del estallido social del 18/O ha posibilitado el camino hacia una nueva Constitución. En este camino, el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, firmado por un conjunto de partidos de la ex Concertación, la derecha y un sector del Frente Amplio, ha puesto en debate un proceso que, paradojalmente, contiene la ausencia del mundo social que lo propició, así como deja en disputa su carácter democrático y soberano.

Un tema central por dilucidar es respecto a la soberanía del proceso, ya que la Convención Constitucional que emana como posibilidad a aprobar por el plebiscito del próximo 26 de abril -y que algunos señalan sería lo mismo que una Asamblea Constituyente- no es seguro que responda a la posibilidad de constitución de un poder constituyente originario, en tanto esté delimitada y condicionada en su funcionamiento por un acuerdo previo que la regula. Esto, que se consagra con la reciente aprobación del proyecto de ley aprobado por el Congreso, proviene de una institucionalidad cuestionada que es poder derivado por la Constitución abolida por el pueblo, que busca impedir que la asamblea pueda autorregular su funcionamiento en lo referido a la toma de acuerdos y resta, de esta forma, legitimidad al proceso. Imponer previamente el quórum de 2/3 es una concesión política a la derecha, pues en la práctica, dado el comportamiento electoral existente y manteniendo el sistema de elección actual, posibilita su poder de veto sobre relevantes materias de orden constitucional que puedan debatirse, por ejemplo, garantía de derechos sociales o propiedad de recursos naturales.

Por otra parte, se requiere que el proceso gane en legitimidad. Por ello, dejar fuera a las organizaciones de Unidad Social que son parte importante del movimiento ha sido un error histórico. Se debe profundizar el carácter democrático, participativo y representativo del momento constituyente, lo cual el Acuerdo señalado no aborda. Otra concesión a la derecha que debe tratar de subsanar el proceso político y de movilización en curso. Así, el carácter democrático que se alcance es directamente proporcional a la existencia de una participación real de independientes, paridad de género y escaños reservados para pueblos indígenas, con restitución del voto obligatorio de entrada mediante.

A su vez, se debe procurar generar mecanismos de participación protagónica que permitan que el movimiento, a través de los cabildos y asambleas territoriales que se han autoconvocado, pueda ejercer control social sobre el proceso constituyente. La experiencia internacional da cuenta de la existencia de consultas, audiencias, asambleas locales u otros mecanismos que se deben explorar y definir para asegurar un diálogo permanente de los asambleístas con las comunidades y organizaciones. Nada de ello será posible, si no existe una movilización permanente del pueblo que conduzca a una Nueva Constitución democrática y soberana.

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