Columnas

La acusación de las acusaciones

La Constitución Política establece la posibilidad de acusar constitucionalmente al Presidente de la República. La razón sería por “actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o infringido abiertamente la Constitución y las leyes” (art. 52, numeral 2) letra a)). Aquí la palabra clave es “abiertamente” y ha de ser precisado para efectos de justificar la procedencia legal de esta acusación. 

Tratándose de los estados de excepción constitucional, es un hecho que es justamente eso, un estado excepcional. Por ende, debemos ser particularmente cautos a la hora de entender e interpretar la Constitución cuando se aplica un estado de excepción constitucional.

Lo primero que debemos distinguir es que el Estado de Derecho no termina con la declaración de un estado de excepción. El artículo 32° del texto constitucional dispone que la autoridad del Presidente se “extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República de acuerdo a la Constitución y las leyes”. Es decir, nadie está exento de responsabilidad por lo que ocurre como consecuencia del estado de excepción. A mayor abundamiento, el Presidente sigue siendo Presidente y los ministros, los parlamentarios y las autoridades regionales y municipales todos y todas siguen ejerciendo sus funciones. No es un cheque en blanco a las Fuerzas Armadas y no es el caos.  

El Estado, según dispone el Art. 1° de la Constitución, debe asegurar la seguridad y dar protección a la población. Conforme a la lectura de las disposiciones que rigen los estados de excepción, esta obligación del Estado no queda suspendido por efecto de la declaración del estado de emergencia. En consecuencia, el Presidente tiene la obligación de dar protección a la población. A la luz de los hechos, con números de fallecidos que aumenta día a día, todos muertos después de la declaración del estado de excepción; con acusaciones de torturas, también todas ellas denunciadas después de declarado el estado de excepción; con centenares de personas heridas por municiones disparadas por agentes del Estado después de declarado el estado de excepción; con personas que no pueden concurrir a comprar y abastecerse de alimentos por encontrarse cerrados los supermercados, hecho también ocurrido después de decretado el estado de emergencia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Estado no ha dado protección de la población.

Y a mayor abundamiento cabe añadir otra consideración. El estado de emergencia responde a una situación de alteración del orden público y su objetivo es reponer el orden público. Acá la cosa ha sido claramente al revés. Previo a la declaración del estado de emergencia, no había, como se dijo, muertos, incendios, saqueos, torturas, violencia sexual, niños y niñas baleados, huelgas, cortes de tránsito, problemas de abastecimiento, etc. Lo único que había era una protesta social por el alza del metro. La evasión de pasajes, por muy masivo que haya sido, no constituye una grave alteración del orden público. ¿De quién fue esta decisión? Es exclusivamente de la única autoridad facultada para decretarla, el Presidente de la República. De él y nadie más, es la responsabilidad de la violencia ocurrida en Chile en los últimos días. En su momento, responsabilizó a vándalos organizados. Para respaldar esta afirmación, no ha presentado fundamento alguno. Ahora bien, no obstante no tener que fundamentar la declaración del estado de emergencia, el estándar constitucional exige alteración del orden público y ese antecedente, de violencia organizada, jamás se planteó, constituyendo en lo sustantivo una excusa barata para criminalizar la protesta social por el alza del metro.

Otra consideración que justifica una acusación es que en ninguna parte del texto constitucional dice que se acaba el estado de derecho. De hecho, es totalmente factible recurrir de protección por cada uno de los derechos disponibles en la Constitución. Es decir, no ha dejado de estar vigente la Constitución y ello obliga al Estado a responder por lo que durante ese estado ocurra. Tan así es, que el art. 45° de la Constitución es clara al respecto de los limites de la protección constitucional y conviene conocer el texto íntegramente. “Los tribunales de justicia no podrán calificar los fundamentos ni las circunstancias de hecho invocados por la autoridad para decretar los estados de excepción, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39°. No obstante, respecto de las medidas particulares que afectan derechos constitucionales, siempre existirá la garantía de recurrir ante las autoridades judiciales a través de los recursos que correspondan.” 

Ahora bien, el “meollo” de una acusación constitucional en contra del Presidente por infringir abiertamente la Constitución está en el art. 43° inciso final “Por la declaración del estado de emergencia, el Presidente de la República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión”. El texto es claro al disponer que es una prerrogativa del Presidente y no del Jefe de Defensa Nacional. Es decir, es el Presidente el que debe declarar estas restricciones y ni siquiera está obligado a dictaminarlas. No le compete al militar Iturriaga ni a ningún otro, decretar toques de queda, cortes de camino, cierre de metro, etc. Su rol es la “dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones que la ley señale”.

¿Cuáles son estas atribuciones?

La ley orgánica que rige los estados de emergencia, cuya última versión data de 1991, establece cuáles son las atribuciones que tiene el jefe de defensa y el modo de delegar facultades presidenciales. 

Sobre las atribuciones, el art. 5° de esta ley establece cuáles son y consisten básicamente en asumir el mando de las fuerzas armadas y de orden y controlar los movimientos. No dice impedir el movimiento.  Incluso dispone que debe cuidar también las obras de arte.

¿Cuáles son las facultades que el Presidente puede delegar y cómo se hace? El Presidente tiene numerosas facultades legales y constitucionales y es el decreto que nombra al jefe de defensa, el medio para formalizar esta delegación. De modo que el gobierno no deja de funcionar durante el estado de emergencia y el jefe militar solo tiene las facultades ya indicadas, mas aquellas que pudiere delegarle el Presidente. No tiene otras facultades y el Presidente sigue siendo Presidente en la zona declarada en estado de emergencia y responde por lo que sucede y la Constitución lo alcanza en virtud de lo dispuesto en el artículo 52°.

De todo lo anterior, podemos concluir que el Presidente Sebastián Piñera es responsable políticamente de lo que pasa en el país y la Cámara de diputados puede y debe acusarlo por lo que ha pasado. No ha dejado de gobernar y en el ejercicio de sus funciones, no ha garantizado la protección de la población, ha infringido la Constitución al no configurarse la causal de grave alteración del orden público para declarar el estado de emergencia Es su responsabilidad la violación a los derechos humanos producidos en estos días y ha incumplido además con el mandato constitucional de ser él, el que restringe las libertades de locomoción y reunión.

Carlos Arrué, Director del Programa Constitucional ICAL. Zona de los archivos adjuntos

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