Noticias

Declaración pública: Institutos Igualdad, ICAL y Fundación Por La Democracia rechazan control de identidad preventivo a menores de 18 años

DECLARACIÓN  PÚBLICA

Institutos Igualdad,  ICAL y Fundación Por la Democracia rechazan control de identidad preventivo a menores de 18 años

Ante el proyecto de ley que pretende establecer el control de identidad preventivo a personas menores de 18 y mayores de 16 años, y que fuera aprobado en general por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, expresamos a la ciudadanía nuestro profundo rechazo. Nos basamos para ello, en el respeto y dignidad que merecen todas las personas, en especial los niño, niñas y adolescentes, y al convencimiento del grave error que se comete cuando la opción es  criminalizar por sobre proteger y cuidar, tal como nos mandata la Convención sobre los Derechos del Niño, CDN, que este año cumple 30 años desde su ratificación por ONU.

Afirmamos entonces que:

 

  • Nuestro país se comprometió hace 29 años con el nuevo paradigma de enfoque de derechos de la Infancia y Adolescencia, al suscribir la CDN, por lo que no puede crear normas y leyes que sean contradictoria con este tratado de derechos humanos, que es vinculante para quienes la han suscrito. Así lo expresaron recientemente la Defensora de la Niñez y UNICEF, afirmando  que esta ley constituye “un lamentable retroceso en los derechos de la niñez”. 
  • Expertos juristas plantean que el control preventivo de identidad afecta el derecho de los adolescentes a su libre circulación, dado que le entrega a la policía la facultad de controlarlos por el solo hecho de estar en la vía pública. Los exponen sin fundamento razonable, ni con ninguna necesidad que amerite la conculcación de su derecho, a un contacto innecesario con el personal policial  que no se condice con el bien jurídico que pretende proteger. Este proyecto de ley vulnera los derechos de niñas, niños y adolescentes, pues solo contempla garantías a posteriori.
  • Este es un gobierno que pareciera guiarse solo por aquello que resulta más fácil y políticamente más rentable: controlar y criminalizar  en lugar de cuidar. Opta por normas que tienden a profundizar las distintas discriminaciones que afectan cotidianamente a los y las adolescentes en nuestro país. Debiera,  en contraposición, implementar acciones orientadas a potenciar y proteger a los adolescentes y generar las condiciones para un desarrollo integral y ciudadano, según el mandato de la Convención y, en coherencia, con la evidencia presentada por todos los expertos.
  • El gobierno evidencia una grave irresponsabilidad al no considerar el impacto emocional que un control policial, desprovisto de toda razón objetiva, puede provocar. Sabemos que este proyecto de ley actuará en la práctica entre quienes evidencien ser parte del mundo de la pobreza y la vulnerabilidad social, adolescentes y jóvenes. Para ellos, el sentirse  discriminados genera un sentimiento de humillación muy perturbador que habitualmente está presente en sus relaciones institucionales cotidianas. Y sería ese el tipo de efecto que se obtendría con una ley criminalizadora como ésta.
  • Por otra parte, y tal como se desprende de lo informado por diversos especialistas y las evidencias recogidas,  este es un tipo de medida absolutamente ineficaz en la tarea de poner freno a los delitos cometidos por adolescentes.  Nada justifica entonces que se pida aprobar aquello que, buscando aplausos y sin tener ninguna utilidad, probablemente solo provocaría un aumento del malestar social, el actuar violento y  un mayor rechazo a la autoridad.
  • Por último, afirmamos que nos asiste la seguridad de que la mayoría de las y los chilenos, compartimos el anhelo de vivir en un país en el cual todos sus habitantes puedan sentirse personas dignas, que cuentan con la certeza que ser tratada/os con respeto, base todo ello de la sana y positiva convivencia.
  • Por eso mismo, es que no podemos callar cuando autoridades y parlamentarios han errado el camino volviendo a actuar como si el control, basado en la violencia policial, fuera una herramienta mágica que actuara por si sola y pudiera utilizarse aún cuando negara los principios democráticos y los compromisos nacionales. Por eso  es que, valorando a quienes se opusieron a aprobar este proyecto en la Comisión, pedimos a todos los parlamentarios que defienden seriamente los derechos humanos de la niñez y que aspiran a legislar buscando eficacia y no efectismo, que actúen en coherencia con el estado de derecho y el respeto que merecen y requieren quienes viven su desarrollo adolescente debiendo recibir,  por su propia condición de ser sujetos de derechos,   nuestro cuidado  y apoyo.

 

 

Santiago, 23 de septiembre de 2019

También puede gustarte...

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *