Antecedentes

El debate sobre los modelos de desarrollo es complejo y multi-escalar. A nivel global se discute en torno al modo de producción y consumo del capitalismo, la gobernanza ambiental, los desafíos del cambio climático, entre otras materias. En cada uno de los países, esta conversación se complejiza más y adquiere las particularidades propias de cada realidad nacional, regional y local. El consenso internacional, de asumir la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como operacionalización del desarrollo, es una carta de navegación que puede servir para problematizar y avanzar a un desarrollo amigable con el medio ambiente y con inclusión social, en cada uno de los niveles territoriales de la sociedad. Sin embargo, el desarrollo para ser sostenible socialmente debe construirse de manera colectiva, amplia y participativa sobre la base de actividades productivas que generen bajos impactos a las personas y al medioambiente.

La matriz productiva de nuestro país en general mantiene bajos salarios pagados a los trabajadores, altas tasas de ganancias para el capital y se da con un sector privado de baja inversión en investigación y desarrollo (I+D), que no incorpora en sus estructuras de costo, las externalidades ambientales y sociales que genera.

Lo anterior, en distintos territorios (sobre todo regiones o localidades pequeñas), se da en el marco de actividades económicas ligadas a procesos industriales y/o extractivos. Estas actividades son valoradas de diversa forma por la ciudadanía dependiendo de varios factores. Uno de ellos tiene que ver con los potenciales impactos que estas actividades provocan tanto en el medioambiente como en la salud y calidad de vida de las personas.

Quintero y Puchuncaví

La situación recientemente ocurrida, en las localidades de Quintero y Puchuncaví referida a la emanación de gases tóxicos en forma de lluvia acida que tuvo lugar el 21 de agosto de 2018 y que al menos provocó la intoxicación de 350 personas, revela que la problemática socio-ambiental, es una dimensión del modelo de desarrollo chileno, de permanente tensión y que cada cierto tiempo nos alerta con episodios que revisten características de desastre ambiental (Freirina, Caimanes, Cluster del Salmón, etc.), sobre todo en territorios habitados por comunidades de personas en situación de pobreza o vulnerabilidad. Hemos llegado al punto insostenible de una afectación con consecuencias en la salud y calidad de vida de las personas que allí habitan.

En Chile existen las mal llamadas “zonas de sacrificios” en las cuales generalmente se instalan proyectos económicos de carácter extractivo, donde el resguardo por la salud de las personas y la mantención de equilibrios ecosistémicos, son elementos referidos exclusivamente a la mitigación de daños o impactos, poniendo en constante riesgo a la población.

Esta conflictividad socio-ambiental se expresa en movilizaciones sociales de malestar por las consecuencias de la aplicación de políticas públicas sin planificación territorial, que no consideran el estándar mínimo de calidad de vida, y con una escasa participación e incorporación de los intereses ciudadanos.
Por su parte, el gobierno del presidente Piñera, criminaliza la protesta de vecinos en vez de generar un proceso de diálogo social que contribuya a buscar una salida real al problema. Así, cada nuevo conflicto nos replantea la necesidad de ordenar y planificar el territorio, donde el desarrollo y crecimiento son parte de un todo, y no solo un fin en sí mismo.

Vocación del territorio

El resultado de esta escasa o nula planificación ha llevado a estas dos comunas a una crisis ambiental y social, que política y comunicacionalmente ya está teniendo consecuencias para el gobierno de derecha.

Hoy nuestro país cuenta con instrumentos que permiten de alguna manera prevenir futuros conflictos ambientales, en donde la participación de la ciudadanía es fundamental. Sabemos que estos instrumentos no garantizan la disminución de conflictos, pero de alguna manera permiten incorporar acciones de gestión destinadas a delimitar los usos de suelo, y las actividades económico-productivas a desarrollar en un determinado territorio. La aplicación de estos instrumentos, eventualmente permitirán una mejor distribución de las actividades territoriales y por consiguiente, un desarrollo más equilibrado de la comunidad y su entorno.

Propuestas de acción
Planificación multisectorial con mirada estratégica

En este contexto general, es necesario plantear medidas de corto plazo, como la implementación de los Programas de Recuperación Ambiental y Social (PRAS), programa de estrategia de trabajo multisectorial que se basa en el diálogo entre diversos actores; el Estado, la ciudadanía y las industrias de los territorios que presenten problemas socio-ambientales históricos. Este Programa impulsado por el Gobierno de la presidenta Bachelet presento 123 soluciones, agrupadas en 25 objetivos territoriales, contenidos en 4 desafíos generales territoriales. El cumplimento de estas soluciones quedó en manos del Estado y de las industrias presentes en el territorio. Es justo manifestar que no todos los actores sociales visualizan en este programa una solución permanente, pero podemos convenir en que efectivamente estructura el accionar de las medidas en forma planificada, y que su aplicación en conjunto con otras medidas regulatorias y de gestión, va en la línea de entregar respuestas no improvisadas ante emergencias puntuales, proporcionando un marco general de respuestas y acciones efectivas y materializables. El no cumplimiento del Plan o el retraso del mismo responde, en nuestra opinión, a la mirada mercantil del actual gobierno en temas ambientales, así como también a la falta de responsabilidad de las industrias de la zona, de no querer incorporar los intereses y la visión de la comunidad.

Mitigación y Prevención

Es necesario además relevar la necesidad de contar con un nuevo plan de descontaminación atmosférico. En efecto, para el caso de Quintero, Puchuncaví y Concón, es durante el año 2015, que se inicia el proceso de elaboración del Plan de Descontaminación (PDA), el cuál en su considerando solicita que se revise, reformule y actualice en conjunto al Plan de Descontaminación del Complejo Industrial Las Ventanas. Esta solicitud, se sustenta en que las comunas de Puchuncaví, Quintero y Concón concentran relevantes fuentes fijas de Óxido de Nitrógeno y Dióxido de Azufre en la región, las cuales son precursoras del material particulado (MP) 2.5, provocando un impacto considerable en la salud de las personas. En esa misma fecha, la zona se declaró saturada en MP 2.5 anual. Es efectivo que en diciembre del año 2017 la Contraloria General de la República rechazó el PDA, pero de esa fecha ya han pasado al menos 5 meses en que el actual gobierno no ha priorizado el ingreso del nuevo PDA, siendo solo reactivo ante esta crisis, y limitándose a manifestar que a fin de este año hará ingreso del nuevo PDA.

Fortalecimiento de la Institucionalidad Ambiental

En esta línea de propuesta, es indudable preguntarse por el rol del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). En el caso del SEA, es imprescindible que, en el posible ingreso de nuevos proyectos, se consideren la sinergia de estos con los ya existentes en la zona al momento de ser evaluados. Además, en el marco del proyecto de ley de reformulación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) es perentorio poder revisar las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) de proyectos complejos existentes en la zona. En tanto, la SMA debe ser fortalecida en recursos para que su actual oficina regional tenga capacidad fiscalizadora, y permita desarrollar de forma óptima su plan anual de fiscalización, particularmente sobre esta zona industrial.

Nueva legislación

En este sentido, de ser efectiva la voluntad del actual gobierno de solucionar estructuralmente  la afectación que hoy vive la población de Quintero y Puchuncaví, se hace necesario desarrollar una ley especial que obligue el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de todas las faenas u operaciones de las industrias desarrolladas e implementadas previo al año 1997, periodo en el cual entró en vigencia la normativa ambiental, en particular la obligación de obtener una Resolución de Calificación Ambiental RCA. Esta propuesta significa que todas aquellas operaciones o faenas industriales que no cuenten con una evaluación ambiental, y operen la zona, debieran someterse a este proceso. La importancia de esta medida radica en que actualmente existe un gran número de operaciones anteriores al año 1997, las cuales no consideran las afectaciones ambientales, ya que no fueron sometidas a un proceso de revisión de los impactos (como la RCA), generando además complicaciones a la SMA, al relegar la fiscalización de este servicio solo aquellos faenas u operaciones con RCA.

Reflexiones finales.

Los conflictos socio-ambientales como el de Quintero y Puchuncaví, son una característica habitual de nuestro modelo de desarrollo. Han ocurrido permanentemente en la historia reciente de nuestro país y pueden volver a repetirse. El Gobierno, el Parlamento y los actores sociales deben asumir esta problemática de manera proactiva y no solamente reaccionar cuando ocurren situaciones como las aquí descritas. Por otro lado, las empresas que están presentes en el territorio deben responsabilizarse y dar explicaciones claras y oportunas a la población, de los potenciales efectos sociales y ambientales de su acción. Así también, el Estado debe tomar medidas que permitan prevenir y terminar con estas crisis medio ambientales y sociales, con consecuencias sanitarias. Lo anterior, sin perjuicio de ejercer todas las acciones legales y administrativas correspondientes.

El modelo de desarrollo productivo chileno no es sostenible desde el punto de vista social y ambiental, y estructuralmente sostiene una profunda desigualdad. La explotación exacerbada de los recursos, la falta de planificación y de consideraciones mínimas ambientales, junto con la bajísima mirada de desarrollo sustentable local, es la crónica de una crisis anunciada. El modelo está agotado, y no se hace cargo de sus impactos.

El modelo de desarrollo inclusivo y justo en lo social y lo económico y en equilibrio con el medioambiente que nuestro país necesita, debe contar con la herramienta de la planificación territorial, multisectorial, con mirada estratégica y con participación de todos los actores sociales involucrados.


AUTORES:

Luis Lobos
Tecnólogo en Alimentos USACH. Licenciado en Seguridad y Defensa. Magíster en Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa, ANEPE.
Programa de Medioambiente de ICAL.

Carla Peña
Socióloga, Universidad de La Frontera.
Programa de Medioambiente de ICAL.

Roberto Molina
Profesor de Estado en Historia y Geografía.
Programa de Medioambiente de ICAL.

Pablo Chacón
Ingeniero Geomensor. USACH.
Programa de Medioambiente de ICAL.

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